El 23 de octubre de 2007 fue aprobada la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, posteriormente traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

De forma simplificada, la Directiva y su normativa de trasposición exigen la realización de las siguientes tareas:

Implica la determinación de las zonas para las cuales existe un riesgo potencial de inundación significativo en base al estudio de la información disponible sobre inundaciones históricas, estudios de zonas inundables, impacto del cambio climático, planes de protección civil, ocupación actual del suelo, así como las infraestructuras de protección frente a inundaciones existentes. Posteriormente se establecen unos baremos de riesgo por peligrosidad y exposición que permiten valorar los datos identificados y se establecen los umbrales que definen el concepto de “significativo”, con el objeto de identificar las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs).

Para las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) seleccionadas en la fase anterior, es necesario elaborar mapas de peligrosidad y mapas de riesgo de inundación que delimitan las zonas inundables así como los calados del agua, e indican los daños potenciales que una inundación pueda ocasionar a la población, a las actividades económicas y al medio ambiente, y todo ello para los escenarios de probabilidad que establece el RD 903/2010: probabilidad alta (cuando proceda); probabilidad media (período de retorno mayo o igual a 100 años) y baja probabilidad o escenario de eventos extremos (período de retorno igual a 500 años).

Los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación (PGRI) se elaboran en el ámbito de las Demarcaciones Hidrográficas y las ARPSIs identificadas. Tienen como objetivo lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para disminuir los riesgos de inundación y reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad, coordinación y cooperación interadministrativa y respeto al medio ambiente.